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COMUNICADO DE PRENSA

INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y ESQUEMA DE ACCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE GUERRERO SOBRE EL CASO CHAVARRÍA

MARCO DE REFERENCIA.

La responsabilidad del Estado es un concepto vital para la transmisión de los derechos y obligaciones entre los gobernantes en todas las sociedades, es un concepto básico de la Teoría de Estado. Sin embargo en ocasiones, como en el Caso Chavarría, implica para un nuevo gobierno enfrentar situaciones plagadas de irresponsabilidad jurídica institucional como las recién evaluadas por esta Fiscalía General.

Ante las críticas situaciones presupuestales heredadas por la Fiscalía General, tal como las comunique al Congreso en mi reciente comparecencia, la definición de prioridades con el actual presupuesto ha sido muy complicada considerando entre otros la implementación de la reforma judicial.

Finalmente hace tres meses iniciamos una evaluación general del denominado caso Chavarría cuyos resultados les estamos dando a conocer en forma congruente con la plataforma política del gobierno de Héctor Astudillo Flores de estar abierto a la promoción y garantía de las libertades y los derechos humanos de los guerrerenses.

En esta ocasión el Gobierno Estatal está asumiendo cabalmente la antes señalada “responsabilidad de Estado” para evaluar y corregir las deficiencias que durante el periodo de 2009 a 2015  se han cometido en el caso Chavarría, muchas de éstas omisiones ministeriales coincidentes con las opiniones de los familiares, compañeros y amigos del Lic. Armando Chavarría Barrera.

Por otra parte, el punto de partida de esta política responsable de Estado es realizar un deslinde en forma clara y contundente de la actual administración con aquellos errores y omisiones cometidas por las gestiones jurídicas  equívocas y erráticas  realizadas por las administraciones estatales y de procuración de justicia de los gobiernos que nos han precedido.

MÉTODO

Lo que pretende esta Fiscalía General es proporcionar con mayor solidez jurídica y participación social la continuidad a este proceso de investigación iniciado en agosto de 2009 en congruencia con los objetivos de democracia y derechos humanos del gobernador Héctor Astudillo Flores. Para ello se asume plenamente la mencionada responsabilidad estatal.

En resumen, esta administración estatal no tiene propósitos de persecución o revanchas políticas. Por el contrario, su compromiso es profundizar en el proceso de la investigación para que arroje resultados inobjetables ya sea con líneas de investigación agotadas, nuevas conjeturas en las cuatro líneas de investigación y/o el cierre del caso sin objeciones.

De las reuniones de evaluación realizadas en la Fiscalía se identifican varios rubros para evaluar el conjunto de declaraciones de la línea política:

  1. Transparencia: La mayoría de los declarantes fue parca, omisa y evasiva.
  2. Renuencia: Existió en la mayoría de los casos renuencia para asistir a la entonces procuraduría.
  3. Presuntas responsabilidades: No existió declaración alguna que señalara al responsable del homicidio. Solo se señalaron referencias de comentarios escuchados. Este es un tema que es necesario actualizar con nuevas convocatorias a personajes políticos.

La teoría de investigación ministerial en general identifica tres aspectos procesales:

Primero: el modus operandi o formas y circunstancias de la comisión del hecho delictivo.

Segundo: la identificación de los presuntos responsables.

Tercero: el móvil o motivación del hecho delictivo.

El aspecto procesal que ha tenido mayores problemas o limitaciones de la investigación ministerial ha sido que los comparecientes no plantearon en sus declaraciones señalamientos claros de presuntos responsables, salvo declaraciones señaladas como indicios o trascendidos, pero no con el rigor procesal de la EVIDENCIA.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                

DE LAS OCHO ETAPAS REALIZADAS, LAS ÚLTIMAS TRES DE ELLAS TUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:        

PROCURADORA.

Lic. Martha Elba Garzón Bernal.

Del 4 de junio de 2012 al 17 de mayo de 2013.

  • En esta etapa se realizaron 59 diligencias vinculadas a la línea de investigación subversiva.

PROCURADOR.

Lic.  Iñaki Blanco Cabrera.

17 de mayo de 2013 al 4 de noviembre de 2014.

  • En esta etapa se realizan las declaraciones de Zeferino Torreblanca Galindo y Alberto López Rosas.

FISCAL GENERAL

Lic.  Miguel Ángel Godínez Muñoz.

17 de diciembre de 2014  al 26 de noviembre de 2015.

  • No se realizó declaración alguna.

CONCLUSIONES

De lo evaluado se desprenden los siguientes comentarios críticos:

  • “Obligación incumplida del Estado mexicano de investigar este caso”.
  • “Retardo injustificado en las investigaciones”.
  • “Retraso e inexistencia de avances sustanciales…que da como resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.

Esta expectativa requiere de un virtual parteaguas para su solución. Para ello la Fiscalía General ha tomado la decisión de rescatar la continuidad de esta investigación criminal e iniciar en el corto plazo la Novena Etapa (Nueva época) con las siguientes acciones generales:

  • Impulsar la integración de la indagatoria.
  • Planificar las diligencias pendientes de desahogo.
  • Evaluar la trascendencia de nuevas comparecencias.
  • Explorar, agotar y/o crear nuevas líneas de investigación.

Como lo suscribió el Fiscal General del Estado Xavier Olea Peláez, desde su primer intervención ante el Congreso del Estado, para el Gobierno de Héctor Astudillo Flores, es de vital importancia resolver el caso Chavarría jurídicamente y no políticamente, de lo que se desprende que quienes sean detenidos lo serán en virtud de que existen suficientes elementos jurídicos procesales y probatorios para que el órgano jurisdiccional emita la orden de aprehensión respectiva.

El Fiscal General Xavier Olea Peláez es el primer interesado que este asunto se resuelva con prontitud y pulcritud jurídica, siempre de acuerdo a las normas establecidas.

El titular de la Fiscalía sancionará a todos y cada uno de los  funcionarios de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía, como lo es – José Fernando Monreal Leyva – que entorpecieron dolosamente las investigaciones de tan importante hecho delictivo para la sociedad, no sólo de Guerrero, si no para el país.

El Fiscal General del Estado Xavier Olea Peláez, siempre será respetuoso de los derechos constitucionales de las víctimas, y en el momento que la señora Martha Obeso viuda de Chavarría, solicite por escrito una copia de todo el expediente, este le será entregado inmediatamente.

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